Se incrementan 26% las tomas clandestinas de hidrocarburos

La estrategia contra el mercado ilícito, tomada desde 2019, no ha producido una mejora sostenida, afirma el informe anual 2022 de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

El número de tomas clandestinas efectuadas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un aumento de 26% durante el primer cuatrimestre de este año en comparación con el mismo lapso del 2022.

 

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con el número de folio 330023823003200, la empresa estatal indicó que dicho lapso se registró un total de 5,405.

 

Mientras que, para el mismo periodo, pero del 2022, la solicitud de información bajo el folio 330023822003867 constató un total de 4,281 tomas clandestinas a ductos de Pemex.

 

Para el periodo de referencia del 2021 se registró un total de 3,759, si se compara esta cifra con el 2023, este año existe un alza de 43.8 por ciento.

 

Desagregado de manera mensual, el documento refirió que los cuatro meses de referencia registraron aumentos en comparación con los datos del 2022; en enero pasado se hallaron 1,388 tomas, es decir, 312 más si se compara con la cifra del mismo mes del 2022, cuando existieron 1,076.

 

Para febrero, la situación fue similar ya que el total fueron 1,390 tomas, es decir, 498 tomas más ya que en el mismo mes del año pasado fueron 892.

 

Marzo ha sido el mes, hasta ahora, con el mayor registro con 1,406; esta cifra es superior a las 1,231 tomas del mismo mes del 2022.

 

Finalmente, en abril pasado se registró la cifra más baja de lo que va del 2023 con un total de 1,221, mientras que para el mismo mes del 2022 fueron 1,082.

 

De manera general, desde diciembre del 2012 hasta abril de este año, las autoridades han documentado un total de 98,331 tomas clandestinas. El 2018 fue el año con mayor registro pues se documentaron 14,910.

 

Estados más afectados

 

Con lo que se refiere a este año, Pemex detalló que 26.8% del total de las tomas se encuentran en Hidalgo, donde se localizaron 1,448 pinchazos.

 

Dentro de esa entidad, el municipio Tula de Allende fue la localidad con más registros con un total de 222.

 

A pesar de que este estado concentra el dato más alto, las cifras mensuales registraron una tendencia a la baja, pues en enero se documentaron 400, para febrero fueron 372, marzo hubo 387 y en abril 289.

 

En segundo lugar, se encuentra Veracruz con 797, lo que corresponde a 14.7% del total.

 

El Estado de México ocupó el tercer sitio de la lista con 765, es decir, con 14.2% del total.

 

En cuarto y quinto lugar se ubicaron Jalisco y Puebla con 614 y 433 tomas, respectivamente.

 

De manera general, la empresa estatal indicó que se tuvieron registro de al menos una toma ilegal en 23 entidades de México.

 

Pérdidas

 

Por otro lado, en el informe financiero de Pemex correspondiente al primer trimestre de este año que se envía a la Bolsa Mexicana de Valores se confirmó el aumento en las pérdidas para la empresa del estado.

 

En el apartado de avances en la estrategia contra el robo de combustible se indicó que, en entre enero y marzo del 2023, el volumen robado de combustible fue en promedio de 5.2 millones de barriles diarios, lo que significó a una pérdida de 5,700 millones de pesos.

 

Este monto es superior en casi 2,700 millones si se coteja con el primer trimestre del 2022 (3,004 mdp), aunque el número de barriles robados, en dicho periodo, fue de 6.1 millones.

 

En el reporte anual del 2022, Pemex explicó que sus operaciones están expuestas a riesgos derivados de conductas criminales para robar, desviar o manipular petróleo crudo, gas natural o productos refinados del sistema de ductos.

 

La empresa productiva del estado confirmó que en los últimos años se ha experimentado un incremento en las tomas clandestinas de los ductos y el comercio ilegal de combustibles que produce, esta actividad ha ocasionado explosiones, daños materiales y ambientales; lesiones y pérdidas de vida, así como reducción de ingresos por los productos robados.

 

“Las acciones que se han tomado en conjunto con el gobierno federal desde el 2019 para reducir el mercado ilícito de combustibles no ha producido una mejora sostenida”, abundó la dependencia.

 

 

ivan.rodriguez@eleconomista.mx